la LXV Legislatura, fue presentado ante el pleno una Iniciativa ciudadana con Proyecto de
Decreto que crea la Ley de la Renta Básica Universal Veracruzana, cuyo objetivo es
contener la situación económica de la ciudadanía, en el contexto de la pandemia por
COVID-19, así como prepararse para futuras situaciones similares a las que hoy se
enfrentan las y los veracruzanos.
propuesta, se destaca que la Renta Básica Universal es de interés social y de orden
público, sin distingo alguno hacia la ciudadanía en momentos difíciles de contingencia
sanitaria o catástrofes naturales.
En las consideraciones, el documento explica que este concepto ha sido un instrumento
eficaz para sacar a diversas naciones de crisis, toda vez que está orientada a fortalecer el
mercado interno con la finalidad de aumentar el bienestar social.
que garantice a su vez una cuantía económica mínima con que las personas con carencia
de ingresos suficientes puedan cubrir sus necesidades alimentarias en sus hogares”,
señala la iniciativa.
En la propuesta, se sostienen las vertientes primordiales de universalidad de la Renta
Básica, su aplicación en tiempo limitado (cuando existan emergencias sanitarias o
desastres naturales), garantía a una alimentación digna como un derecho para las y los
veracruzanos, así como el monto equivalente del uno por ciento del presupuesto anual
general destinado a este fondo especial dispuesto para activarse en los casos
mencionados y que ponga en confinamiento a las y los ciudadanos.
no importado nivel socioeconómico de los solicitantes, consistente en dos Unidades de
Medida y Actualización (UMAS), exceptuando cuando ya sean subsidiados por algún otro
programa social activo en momentos de la contingencia.
especial para la solicitud de la Renta Básica Universal Veracruzana, para que los
ciudadanos, a través de una tarjeta activada para estos momentos de crisis, puedan
adquirir exclusivamente alimentos de la canasta básica en los negocios previamente
autorizados.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y
Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen.