Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por una persona con quien la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad, añade la iniciativa.

La Diputada consideró que presentar una denuncia formal y someterse a todas las implicaciones del proceso penal requiere de una decisión difícil de tomar, dadas las consecuencias que ello implica en todos los aspectos de la vida integral de las personas.

Ante la posibilidad, de que en algún momento se pueda cometer algún tipo de injusticia dentro del procedimiento, aplicando sanciones a algún inocente, los derechos humanos también se protegerían, debido a que este procedimiento es reversible.

La diputada por el Distrito de Acayucan refirió que el sector educativo es quizá uno de los más representativos para la justicia social ya que, además de ser un tema a tratar de forma intersectorial por su estrecha relación con grupos vulnerables, es uno en donde la inequidad se concentra en mayores niveles.

El nombramiento de las y los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, tendrá una duración escalonada, con la finalidad de no interrumpir los proyectos de trabajo que se estén llevando a cabo.

“Estoy convencido que a pesar de la adversidad que tuvo el personal del Orfis, derivado de la pandemia por Covid-19, se está haciendo entrega de un excelente trabajo apegado a la legalidad y transparencia, tal como se han caracterizado”, precisó.

Destacó que las ANP proporcionan agua para consumo humano, mitigan los efectos del Cambio Climático, aportan importantes elementos para la polinización y previenen la erosión, contribuyen al bienestar y la salud de la población y preservan servicios ecosistémicos claves para el desarrollo de la vida, entre otros beneficios.