Expone que dicha abrogación es resultado de la reciente adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho universal de las personas mayores de 68 años y, en el caso de las personas indígenas y afrodescendientes a recibir una pensión del Estado mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020.

Podrá solicitar a las Instituciones de Procuración de Justicia del Estado la información que exista en sus registros de datos correspondiente al Municipio de su competencia y en relación a las órdenes de protección generadas cada veinticuatro horas, misma que deberá entregarse sin dilación alguna por éste.

Respecto a la Junta de Gobierno se prevé que el Presidente de ésta sea el Gobernador; el Vicepresidente, quien fungirá como Presidente en las ausencias de éste, sea el Secretario de Educación del Estado y que el Secretario Técnico sea el Rector del COLVER, que tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Mediante esta Iniciativa, plantean que, en el artículo 209 se incluya la previsión de que la magistrada o el magistrado que esté por concluir su encargo de diez años comunique al Consejo de la Judicatura, con cuatro meses de antelación a la fecha de que fenezca su nombramiento, su interés en ser ratificado en el cargo, lo que obliga a la emisión de los dictámenes en todos los casos.

Asimismo, indica el texto “no podemos seguir con el paradigma de integración que mandata a la persona a integrarse, a adaptarse, sino generar todas las medidas de accesibilidad para que convivan y se desarrollen con las demás personas sin segregaciones o discriminación alguna”.

En este sentido, ante el desacuerdo entre progenitores que hace imposible la convivencia de los infantes con alguno de ellos, dijo la diputada, el Estado debe encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores, manteniendo las relaciones personales con cada uno de sus padres, cuando esté establecido judicialmente, asegurando la continuación de la convivencia familiar y sano desarrollo de su personalidad.

Finalmente, se destaca que la Renta Básica Universal deberá pagarse a título individual no importado nivel socioeconómico de los solicitantes, consistente en dos Unidades de Medida y Actualización (UMAS), exceptuando cuando ya sean subsidiados por algún otro programa social activo en momentos de la contingencia.

Mediante el oficio signado por el Ejecutivo, propuso a las ciudadanas Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Cayetano y al ciudadano Antonio Sobrevilla Castillo, para que ocupen las magistraturas del Poder Judicial.