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El legislador Santos Mendoza propuso reformar la denominación del Capítulo V del título tercero y adicionar los artículos 131 Bis y 131 Ter de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado, a fin de garantizar a las y los ciudadanos su derecho a la movilidad a través del transporte público en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

De acuerdo con el texto, esta iniciativa, además de plantear un reordenamiento de ciertas prescripciones, pretende corregir dos aspectos relevantes de la articulación orgánica de la función de fiscalización y del combate a la corrupción, tomando como punto de partida los modelos constitucionales y las leyes generales de la materia.

De acuerdo con la propuesta, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tendría entre sus atribuciones establecer los lineamientos a que debería sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de todos los planteles, en cuya elaboración se cumplan los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.

El exhorto refiere, primeramente, al Director General del IVD, para que, con base en las atribuciones que le confieren la fracciones V y IX del artículo 13 de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte del estado, realice los proyectos y acciones pertinentes que ayuden al Ejecutivo del estado a considerar un incremento en el presupuesto en materia del deporte.

Durante su intervención en la Novena Sesión Ordinaria, celebrada a distancia, la legisladora agregó que esta misma disposición aplica en el caso de que el sujeto de este derecho adopte a un menor, para lo cual deberá acreditar, de manera oportuna, los hechos.

En Veracruz existen más de cinco mil agentes y subagentes municipales que recientemente tomaron el cargo y recogieron las demandas de sus respectivas áreas, por lo cual “dichas peticiones están a tiempo de poder ser escuchadas y tomadas en cuenta por quienes toman las decisiones y, en su caso, ser atendidas”.

En entrevista, la secretaria de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, destacó la importancia del establecimiento de este tipo de acuerdos entre instituciones, toda vez que permitirá a estudiantes la apertura de espacios, ante la circunstancia de que no hayan obtenido un lugar en universidades o tecnológicos públicos.

Asimismo, hizo un llamado a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a supervisar, auxiliar y capacitar permanentemente al personal de las procuradurías municipales en el ramo, a fin de garantizar dicha protección, así como a la Secretaría Ejecutiva Estatal a proporcionar capacitación sistémica y continua a las secretarías ejecutivas de los sistemas municipales de protección integral para fortalecer el ejercicio de sus funciones.

Los embarazos a edad temprana, además de ser un problema de salud pública, son un problema social que estigmatiza a las niñas y adolescentes, merma su calidad de vida, su educación y su futuro.